Cartas al Director
Cuando el poder deja de ser medio y se convierte en fin
“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.”
Lord Acton
César Valdeolmillos Alonso | 27.01.2026
Era la crónica de un desastre anunciado. El deterioro progresivo del sistema ferroviario hacía previsible que, más tarde o más temprano, se produjeran consecuencias graves. Tristemente, esas consecuencias se materializaron en Adamuz.
Los hechos que se han ido conociendo han llevado a la sociedad española a tomar conciencia de los riesgos reales a los que está expuesta, y esa percepción genera miedo. Un miedo que, pese a los esfuerzos del Gobierno por redirigirlo, no se canaliza hacia ningún agente externo, sino hacia un poder interno percibido como opaco, defensivo y más preocupado por preservar su relato que por afrontar la realidad.
Ya no se trata únicamente de que una parte mayoritaria de la población se sienta defraudada en términos políticos, sino de algo más profundo: la sensación de estar siendo tratada con un desprecio ético y moral difícilmente asumible en una democracia madura.
España vive bajo los efectos de una tormenta total. La información disponible ha generado un trauma colectivo, mientras que las explicaciones ofrecidas de manera reiterada por las autoridades competentes han terminado por instalar en la ciudadanía la percepción de estar siendo tratada con un desprecio sistemático a su inteligencia. Todo ello deja la sensación de que, ante cada una de las catástrofes sufridas, el poder ha antepuesto la preservación de su propio relato a la verdad, incluso cuando lo que estaba en juego era algo tan esencial y sagrado como el duelo de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
Pese a que una parte significativa de la ciudadanía reclama la asunción de responsabilidades políticas por el siniestro de Adamuz, el Gobierno ha dejado claro —por acción y por omisión— que no contempla la dimisión como respuesta. El respaldo expreso del presidente al titular de Transportes no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón de comportamiento ya asentado, observable en episodios anteriores de indiscutible gravedad institucional. La negativa a asumir responsabilidades no parece, por tanto, coyuntural, sino estructural. Y esa es la señal más inquietante: cuando la permanencia en el poder se convierte en un objetivo prioritario, desligado de cualquier coste político o moral, las actuaciones futuras dejan de estar condicionadas por límites éticos o institucionales.
Para comprender cómo se ha llegado hasta aquí resulta necesario analizar el origen de este modelo.
Cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura, la ganó no porque dispusiera de una mayoría propia, sino gracias al respaldo de partidos situados en posiciones ideológicas muy alejadas entre sí. Entre ellos se encontraban fuerzas independentistas y formaciones procedentes del entorno político que sucedió a ETA, una frontera que hasta entonces ningún dirigente `político se había atrevido a cruzar. Aquella decisión supuso una ruptura simbólica de gran calado, más moral que jurídica, al entrar en contradicción con décadas de una posición socialista clara frente al terrorismo. Sus efectos continúan proyectándose sobre la vida política española.
No se trató de una victoria política en sentido clásico. Pedro Sánchez no accedió al poder como resultado de una mayoría electoral, ni de un proyecto refrendado en las urnas, ni de una coalición ideológica coherente. Su llegada a la presidencia fue posible gracias a un objetivo mínimo compartido: desalojar al Partido Popular del Gobierno. En ese sentido, el resultado de la moción fue la suma de todas derrotas acumuladas y unidas no por afinidad programática, sino por conveniencia.
Aquello marcó desde el primer momento la naturaleza del acto. Fue una alianza por exclusión. En sentido estricto, no respondió al espíritu constructivo que inspira la figura constitucional de la moción de censura, porque no se articuló en torno a un “para qué”, sino a un “contra quién”. España, entendida como proyecto común, quedó fuera de la ecuación desde el origen. Es en ese punto donde se levanta el denominado “muro”: formalmente dirigido contra una derecha presentada como peligrosa, pero en la práctica orientado a bloquear cualquier alternativa política posible y a asegurar la continuidad en el poder.
Una operación de esta naturaleza no se improvisa. Requiere conversaciones previas, tanteos discretos, garantías cruzadas y compromisos diferidos que solo se hacen efectivos cuando el contexto lo permite. No nace como reacción a una causa ni se construye en pocos días.
En ese marco debe entenderse también el episodio judicial que sirvió como detonante. Un comentario improcedente incluido en una sentencia —posteriormente corregido por el Tribunal Supremo— fue utilizado como palanca política. Aquella resolución no tenía por objeto juzgar al Partido Popular como organización, aunque sí dejaba constancia de prácticas de corrupción en su entorno. El lenguaje empleado permitió construir un relato político de máxima intensidad, explotado con eficacia estratégica. La sentencia no fue el origen del movimiento, sino el pretexto que permitió activarlo cuando ya estaba preparado.
A este conjunto de antecedentes se añade un elemento previo que resulta revelador. Según se ha hecho público, en noviembre de 2014 el comisario José Manuel Villarejo remitió al Centro Nacional de Inteligencia un informe interno en el que advertía de los riesgos que, a su juicio, podrían derivarse de una eventual llegada al poder de Pedro Sánchez. Más allá del crédito que merezca su autor o de la valoración interna que se hiciera entonces de aquel documento, lo relevante es la existencia misma de una advertencia previa y el contenido de sus previsiones. A la luz de los acontecimientos posteriores, resulta razonable constatar que algunas de aquellas alertas se han cumplido o se encuentran en proceso de hacerlo, lo que refuerza la idea de que su acceso al poder no fue un episodio improvisado.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la llegada de Pedro Sánchez al poder no puede calificarse como una victoria política, sino como el desenlace de una operación legal, pero inducida artificialmente, ajena a los mecanismos habituales de legitimación democrática. Fue una toma de poder sustentada en una suma de intereses incompatibles y articulada a partir de una oportunidad coyuntural cuidadosamente aprovechada.
Desde el punto de vista político, se trató de una operación instrumental, basada más en la exclusión del adversario que en la construcción de un proyecto común. Desde el punto de vista moral, supuso una quiebra relevante, al aceptar como sostén del Gobierno apoyos previamente negados de forma expresa y al relegar principios que durante décadas habían definido una posición clara del socialismo español. Puede concluirse, a la vista de los hechos, que el Partido Popular fue desalojado del poder no como consecuencia de una alternativa política articulada, sino como medio necesario para hacer posible otra cosa: la ocupación y conservación del poder por una mayoría construida sin un “para qué” compartido. No fue, por tanto, una llegada al poder orientada al fortalecimiento del interés general, sino el inicio de una lógica de supervivencia política en la que la permanencia en el Gobierno pasó a ser el objetivo central.
Si se observa la trayectoria política de Sánchez en su conjunto, el hilo conductor resulta difícil de ignorar. El esfuerzo inicial por acceder a la Secretaría General del PSOE, su posterior desplazamiento por decisión de la ejecutiva federal y la determinación con la que volvió a recuperarla mediante nuevas primarias no pueden entenderse como episodios aislados. A ello se suma el diseño que hizo posible la moción de censura y la complejidad de unos pactos que, sobre el papel, parecían incompatibles entre sí. Considerados en conjunto, estos hechos dibujan una trayectoria marcada por la perseverancia, pero también por una voluntad constante de acceso y permanencia en el poder, incluso en escenarios adversos.
Esa lógica se prolonga una vez alcanzada la presidencia. El establecimiento explícito de un “muro” político para impedir la alternancia, las reiteradas manifestaciones sobre la necesidad de mantenerse en el poder y la respuesta gubernamental ante episodios de gestión ampliamente cuestionada apuntan en la misma dirección.
Los ejemplos son acumulativos: la gestión de la pandemia; la respuesta al volcán de La Palma; la dana de Valencia; una política de inmigración errática; el giro de la política exterior sin consenso parlamentario; los casos de corrupción que han ido aflorando; el episodio, inédito en democracia, del fiscal general del Estado; la colonización progresiva de instituciones llamadas a ser independientes; el caos ferroviario; los continuos “cambios de opinión” del presidente, presentados como rectificaciones responsables y utilizados como base del relato político en función de la conveniencia del momento; el ataque a la Justicia y a los medios críticos; y, como denominador común, la negativa persistente a asumir responsabilidad política alguna.…
La reiteración de este comportamiento permite extraer una conclusión razonable. No se trata de errores puntuales ni de una sucesión de circunstancias adversas, sino de la manifestación de un propósito firme de permanencia en el poder, sostenido al margen del coste institucional, social o moral que ello implique.
Así las cosas, la pregunta deja de ser retórica. ¿Puede sorprender que no se produzcan dimisiones, salvo aquellas estrictamente impuestas por los socios que sostienen al Gobierno? ¿Debe extrañar que, incluso ante hechos acumulados y conocidos, la respuesta consista en la negación persistente y el cierre de filas? Lejos de constituir anomalías, estos comportamientos responden a una lógica reconocible: la de un modelo político en el que la permanencia en el poder ha dejado de ser un medio al servicio del gobierno para convertirse en el fin último que ordena todas las decisiones.
Si nada altera esta dinámica, el horizonte que se dibuja no es el de una democracia sometida a tensiones ordinarias, sino el de un sistema que aprende a funcionar sin alternancia y acaba por considerarla prescindible. La historia enseña que los regímenes no suelen degradarse de manera abrupta, sino mediante una sucesión de decisiones justificadas como excepcionales o inevitables, hasta que lo excepcional se convierte en norma y la norma deja de ser reversible. En ese punto, las correcciones ya no llegan por voluntad reformadora, sino empujadas por crisis externas que obligan a rehacer a la fuerza lo que no se quiso corregir a tiempo. Y la experiencia acumulada demuestra que esos ajustes tardíos rara vez resultan indoloros.
César Valdeolmillos Alonso