Iglesia-Estado
Reconoció que acudió a la Santa Sede para lograr el acuerdo, y Argüello destacó el compromiso de la Administración de atender a víctimas de otros ámbitos
09/01/26
La firma hoy, jueves, entre el Gobierno de España, la Conferencia Española de Religiosos y la Conferencia Episcopal, de un acuerdo para la reparación integral de las víctimas de la pederastia en la Iglesia que no hubieran acudido al organismo eclesial, PRIVA, en casos prescritos judicialmente, ha puesto en evidencia la existencia de dos mundos paralelos: el del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal.
- Torcer el brazo de la Iglesia Católica
- Prisas y filtración a El País
- Claves del proceso
- Un nuevo actor
- Víctimas en otros ámbitos
- El Gobierno buscó un atajo
- Reconocimiento del Vaticano
Acuerdo entre la Iglesia española y el Gobierno
para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales
a través del Defensor del Pueblo.
Rueda de Prensa Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego.
Torcer el brazo de la Iglesia Católica
Por un lado, el del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha querido demostrar que le ha torcido el brazo a la Iglesia católica, incluso recurriendo a Roma.
Por el otro, el del Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, que considera que este acuerdo es un paso más dentro de lo que la Iglesia ya ha hecho, una nueva vía, “complementaria, no paralela”, “en verdad, justicia y reparación” de lo que ya se está haciendo por las víctimas.
Muestra de esta doble realidad ha sido la comparecencia, no conjunta, sino por separado, posterior a la firma del acuerdo, tanto de Félix Bolaños como de monseñor Argüello.
El acuerdo, que pueden leer aquí, da pie a diversas interpretaciones, con lo que remite al escenario de qué narrativa (qué versión) será al final la que cala en la opinión pública y publicada.
Prisas y filtración a El País
Según ha podido saber Religión Confidencial, por la presión y las prisas del Gobierno, se acordó que se firmara a la vuelta inmediata de Reyes, en el único hueco que tenía el Presidente de la Conferencia antes de marcharse a Roma para asistir a la reunión de mañana, viernes, en el Vaticano, sobre el viaje del Papa a España.
Y, a continuación, el Gobierno, como suele ser habitual, le filtró al diario “El País” las cláusulas principales, para que el día de la firma todo el mundo se desayunara con lo que presumiblemente iba a pasar.
La ‘deslealtad’ del Ejecutivo
Una vez más, lo que se denomina la batalla del relato, que no la guerra, inclinaba la balanza hacia la narrativa gubernamental, algo que produjo, según ha podido saber Religión Confidencial, malestar en la Conferencia Episcopal, que según nuestras fuentes, ya tiene experiencia de “la deslealtad” del Ejecutivo.
Hay quien afirma, incluso dentro de la opinión pública eclesial, que la Conferencia Episcopal ha pasado, en este asunto, del trago al trágala.
Claves del proceso
Una visión de conjunto del proceso de lo acordado ofrece otras claves.
Una vez que la Asamblea Plenaria última autorizó y comisionó al Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal a la firma del acuerdo con el Gobierno, en los términos en los que se les había presentado a los obispos durante la Asamblea, se intensificaron las reuniones entre el Presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Como destacó monseñor Argüello, en su comparecencia en la sede ministerial, la propuesta inicial del Gobierno era, a partir de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, del 4 de junio, la creación de un órgano de la Administración para este proceso de reparación económica de las víctimas que no han querido, ni quieren acudir al PRIVA.
Un nuevo actor
El Gobierno, al final, desechó la idea de la creación de un organismo ad hoc, y reconoce así, con este procedimiento, el trabajo realizado por la eclesial Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), creada en septiembre del 2024, que ha atendido ya a más de un centenar de víctimas.
Pero se introduce a un nuevo actor, el Defensor del Pueblo, que es quien estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación, que, a su vez, será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia.
Según la Conferencia Episcopal, los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso.
Víctimas en otros ámbitos
Otro de los asuntos en litigio fue el de las víctimas de abusos sexuales no de la Iglesia. En la comparecencia ante los medios, Félix Bolaños, que no hizo más que repetir el eslogan de que “la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga”, y que hoy “se salda una deuda histórica con las víctimas”, como si la Iglesia no hubiera hecho nada hasta ahora, insistió en que “en este acuerdo no se recoge referencia alguna sobre las víctimas al margen de la Iglesia”.
Mientras, monseñor Argüello dejó claro que el Gobierno se ha comprometido en articular una “propuesta análoga” para que “otros sectores donde han acontecido abusos puedan ofrecer una reparación integral”. “No está especificado como tal, pero sí expuesto como marco”, apuntó.
Argüello destacó su satisfacción porque supone incorporar a víctimas de otros ámbitos, como la educación o el deporte; también por la exención fiscal en las indemnizaciones a las víctimas.
El Gobierno buscó un atajo
Las negociaciones en todo momento fueron intensas, tanto en el más alto nivel como en el técnico, sabiendo la Conferencia Episcopal que, en un momento complicado del proceso, como reconoció el mismo Félix Bolaños, en su comparecencia, el Gobierno se fue a Roma buscando el atajo de la Santa Sede.
En la comparecencia de Bolaños, éste quiso dejar claro que agradecía a la Santa Sede lo que había colaborado para que este acuerdo se llevara a efectos, pero se le olvidó el agradecimiento a la Conferencia Episcopal. “En los momentos en los que la negociación entraba en una dificultad, ha sido necesario que el Vaticano optara por la vía del acuerdo”, apuntó el titular de Justicia, reconociendo que “ha sido una negociación compleja y ardua”.
Monseñor Luis Argüello, preguntado por los periodistas sobre esta cuestión, aclaró que él había hablado con el Secretario de Estado, de éste y de otros asuntos, porque la vida de la Iglesia es más amplia y rica, y que la invitación de la Santa Sede siempre es a colaborar dentro de un marco de autonomía y búsqueda compartida del bien común.
Reconocimiento del Vaticano
Argüello insistió en que la Iglesia en España tiene el reconocimiento del Vaticano, como quedó de manifiesto en la última reunión de las oficinas de protección de menores, en la que participó el servicio de la Santa Sede, con una valoración positiva.
La “obligación moral” de la Iglesia en España con las víctimas ha dado hoy un nuevo paso, “un paso más”, señaló. Dentro del dolor que supone para la Iglesia reconocer estas situaciones, el objetivo es que “resplandezca la verdad y la justicia” para las víctimas de abusos con la vía judicial cerrada.
