Diócesis
La jueza avala el acuerdo firmado en julio entre la Fundación y Tapiamar para recuperar el valor de los edificios vendidos en 2019. Fusara retira las acciones penales y civiles contra esta sociedad
17/12/25 | Marta Santín
El caso fundaciones continúa. La acusación particular de la Fundación Santamarca y de San Ramón y San Antonio (FUSARA), vinculada al arzobispado de Madrid, acaba de presentar ante el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid su escrito de acusación.
- Administración desleal
- Situación financiera crítica por la venta de los inmuebles
- Acuerdo entre Fusara y la sociedad Tapimar
- Los inmuebles se vendieron por debajo del mercado
- Reparar a la Fundación los daños económicos
- Mantiene la querella contra los investigados
- Acuerdos válidos en 2019
- Nunca se ha disfrazado honorarios profesionales
Colegio Santamarca de la Fundación Fusara.
En dicho escrito, sostiene que la venta de los 14 inmuebles propiedad de la Fundación (pisos alquilados) que tuvo lugar en 2019 a la sociedad Tapiamar por los anteriores gestores de FUSARA y la reinversión de los fondos en un solar en Valdebebas en 2020, generaron un perjuicio económico de 8,6 millones de euros.
Administración desleal
En el escrito, se atribuye a profesionales del despacho Chávarri y a antiguos responsables de la Fundación - Antonio Chávarri, David López Royo, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage y Jesús Merino- de los delitos de administración desleal hiperagravada, estafa hiperagravada, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil. Y pide para cada uno de ellos 12 años de prisión y multas de hasta 108.000 €.
Cabe recordar que David López Royo era el delegado de Fundaciones nombrado por el entonces arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
La acusación particular afirma que los edificios se vendieron por debajo del precio de mercado ignorando tasaciones superiores, que se compró un terreno en Valdebebas por 47,6 millones de euros, un 50% por encima de su valor de mercado y que varias sociedades vinculadas al grupo Chávarri percibieron cantidades asociadas tanto a la venta de los inmuebles como a la reinversión posterior.
Según el escrito de la acusación, en lugar de adquirir edificios de oficinas ya construidos, en aquel momento FUSARA optó por abordar la compra de un solar para su futuro desarrollo.
El terreno seleccionado, propiedad de Metrovacesa y ubicado en Valdebebas, fue finalmente adquirido el 4 de marzo de 2020 por 47,6 millones de euros más IVA. El escrito recoge que las valoraciones disponibles atribuían al terreno un valor cercano a 30 millones, lo que implicaría, según la acusación, un sobreprecio superior al 50%. Además, Metrovacesa habría retenido cuatro millones por distintos conceptos asociados a la operación.
Situación financiera crítica por la venta de los inmuebles
Según la actual dirección de Fusara, la venta de los inmuebles en 2019 dejó a la fundación en una situación financiera crítica. Desde ese año, dejó de percibir los alquileres de los inmuebles, que servían para financiar su labor social: la educación y acogida de menores en riesgo de exclusión social a través de los dos colegios y residencias de la fundación. Desde la venta, esos ingresos los recibió Tapiamar.
La Audiencia Provincial se ha pronunciado: existen indicios de un delito de estafa y administración desleal. Por ello, pide que siga adelante el proceso y se abra juicio oral para determinar si todas estas operaciones realizadas por el anterior equipo de Fundaciones del arzobispado de Madrid se llevaron a cabo incurriendo en administración desleal; o bien, el objetivo del anterior equipo era sanear las cuentas de FUSARA para que cumpliera sus fines fundacionales.
Acuerdo entre Fusara y la sociedad Tapimar
Por otra parte, la jueza ha avalado el acuerdo extrajudicial entre Fusara y la sociedad Tapiamar, acuerdo alcanzado entre ambas entidades el pasado mes de julio. En dicho acuerdo, "Tapiamar se comprometió a reparar el daño causado a la Fundación revalorizando el precio de los inmuebles comprados en 2019 por debajo del precio de mercado", explican fuentes de Fusara a Religión Confidencial.
Así, se comprometió a devolver a Fusara uno de los edificios más emblemáticos y a pagar 99 millones de euros por los 13 restantes situando el valor del conjunto por encima de los 120 millones de euros. Como contrapartida, Fusara se comprometió a retirar las acciones penales y civiles contra Tapiamar, manteniéndolas contra el resto de los investigados en el proceso.
Este acuerdo quedó paralizado debido a que un grupo de 35 inquilinos de los inmuebles (ahora propiedad de Tapimar) solicitaron ampliar la querella criminal para incluir a los actuales patronos de la Fundación Fusara e impugnaron el nuevo acuerdo.
La ampliación de la querella sostenía que el nuevo acuerdo firmado en julio “reproduce los mismos hechos delictivos” investigados en la causa iniciada en 2019. Ahora la jueza ha levantado las medidas cautelares.
El 7 de diciembre la magistrada dictó un auto de expulsión de los inquilinos del proceso por obstaculizar el proceso y defender intereses particulares.
Colegio San Ramón y San Antonio de la Fundación Fusara.
Los inmuebles se vendieron por debajo del mercado
Según la actual dirección de Fusara, los inmuebles se vendieron en 2019 por 74 millones de euros, un precio sensiblemente inferior al de mercado, en una transacción llevada a cabo por el despacho de abogados Chávarri, algunos miembros del antiguo equipo directivo de la fundación y otros asesores.
Todos ellos están siendo investigados por el juez tras las querellas presentadas por un grupo de inquilinos de los inmuebles y por la propia fundación por un posible delito de estafa y administración desleal.
Reparar a la Fundación los daños económicos
La pregunta es: ¿por qué Fusara llega a un acuerdo ahora con Tapiamar ya que en 2019 compraron los 14 inmuebles por debajo del mercado, tal y como señala la Fundación y mantiene la querella con los investigados?
“Tapiamar, a diferencia del resto de los investigados, ha manifestado desde hace años su voluntad de alcanzar un acuerdo amistoso para reparar a la fundación por los daños y perjuicios sufridos en 2019. El acuerdo implica una mejora del precio de más del 50% frente a 2019 y permite a la Fundación recuperar la sede fundacional de Barquillo, 22. Además, la situación financiera en que los anteriores gestores de la Fundación, hoy acusados, dejaron a la Fundación, impedía a Fusara subsistir hasta el dictado de sentencia firme. Desde 2019, Fusara acumula pérdidas millonarias por sostener los colegios y las residencias sin activos que generen rentas estables”, responden a RC desde la Fundación.
Mantiene la querella contra los investigados
Según Fusara, el resto de los investigados no ha realizado esfuerzo alguno por reparar a la Fundación y dan esta explicación: “Chávarri Abogados percibió de la Fundación en menos de un año más de 4.000.000 de euros en comisiones de las que no se informó al patronato, al que se presentó el proyecto como pro bono (sin coste). El presidente ocultó al patronato que desde marzo de 2018 estaba cobrando más de 100.000 euros al año de Chávarri Abogados, por lo que, ante el potencial conflicto de intereses, debería haberse abstenido en el patronato en el que se otorgó el mandato a Chávarri Abogados y en todos los posteriores relacionados con dicho mandato. No sólo no se abstuvo, sino que impulsó al patronato a aprobar el mandato”.
Según Fusara, la trama diseñada por Chávarri consistía en cobrar a vendedor y comprador simultáneamente. “Como es habitual en esta clase de delitos, las dádivas se disfrazan de retribuciones legítimas: salario en el caso del expresidente o pagos por servicios profesionales en el caso del exsecretario. En ambos casos se esconde un evidente conflicto de intereses”, explican a RC desde Fusara.
Por su parte, desde Fusara aseguran que el exsecretario ocultó al Patronato que, desde 2018, sus empresas estaban cobrando diversos importes de Chávarri Abogados. "Entre 2018 y 2020 (periodo investigado) el entramado societario del exsecretario cobró de Chávarri Abogados cerca de 1.000.000 de euros. También cobró a Fusara más de 60.000 euros sin contrato ni autorización del Patronato", explican desde la Fundación.
Acuerdos válidos en 2019
Según ha podido saber Religión Confidencial, los investigados, a los que Fusara pide doce años de cárcel, aseguran que muchas de estas manifestaciones recogidas en el escrito de acusación "son falsas y no se ajustan a la verdad".
Sostienen que el acuerdo alcanzado en 2019 por la venta de los inmuebles a la sociedad Tapiamar, fue aceptada por el Patronato de Fusara en la reunión extraordinaria el 24 de mayo de 2019. "Están reconociendo expresamente que el patronato fue válido y que adoptó un acuerdo válido. De lo contrario no lo podrían tener en cuenta en este acuerdo y, por ende, ahora lo que no pueden decir en el Juzgado es que dicho acuerdo del patronato no es válido. Que es lo que están haciendo", indican las mismas fuentes.
Nunca se ha disfrazado honorarios profesionales
Por otra parte, entre los investigados señalan en su defensa que nunca han disfrazado honorarios profesionales por la prestación de servicios ante clientes; que nunca ocultaron ante ningún cliente la existencia de otros clientes en aquellos casos que pudiera existir conflicto de intereses, "tampoco existió tal y como se demostrará en el juicio y que ellos conocen perfectamente", dicen las mismas fuentes, que niegan tener "un entramado societario como si fueran unos gánster".
Respecto a la delicada situación financiera en la que quedó Fusara, como indica la Fundación, las mismas fuentes consultadas por RC afirman: "Esto se debe a la mala gestión realizada por el actual equipo gestor en la pésima gestión que han realizado de la situación anterior, unido a los gastos en los que llevan incurriendo en los últimos cinco años entre abogados y demás".
