Tribunas
07/04/2025
Otra vez el Defensor del Pueblo
José Francisco Serrano Oceja
Comparecencia de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo
en el Congreso de los Diputados.
En el discurso inaugural de la Plenaria episcopal de la pasada semana, monseñor Luis Argüello dijo, perdonen la larga cita:
“Ante la trágica y dolorosa realidad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia que han acontecido y siguen creciendo en la sociedad española, la Iglesia, que encuentra en su seno a víctimas y delincuentes, reconoce su grave y singular responsabilidad espiritual, moral y social. La Iglesia española —diócesis, institutos de vida consagrada y asociaciones— ha hecho un recorrido importante en este campo, que queremos continuar. No desaparecerán todos los comportamientos malvados que queremos evitar y prevenir, porque el mal y el pecado persisten, pero el esfuerzo de prevención, la manera de afrontar los casos y el propósito de reparar a las víctimas forman parte ya de la vida y compromiso eclesial. Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación, asumimos una obligación moral donde no haya obligación jurídica, en los casos verosímiles del pasado; incluso estamos dispuestos a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo en este proceso ya en marcha”.
¿Estamos dispuestos a estudiar? ¿Lo han estudiado ya? ¿Una posible supervisión del Defensor del Pueblo en el proceso de prevención y reparación integral de las víctimas de la pederastia en la Iglesia? ¿A qué fin? ¿En base a qué título jurídico? ¿No sería una inaceptable intromisión del Estado en la Iglesia?
Está claro que el Gobierno está presionando a la Iglesia para que participe, también económicamente, en su Comisión, o lo que sea, de reparación a las víctimas.
En su día, la Conferencia Episcopal, para que nos entendamos, hizo lo que hasta ahora no había hecho, se adelantó al Gobierno. Quizá era la primera iniciativa que de verdad marcaba la agenda y el ritmo del tiempo, algo que no sentó bien a Bolaños y a los suyos que siguen empeñados en sacar el comodín de la pederastia cuando electoralmente les conviene, con lo que hay que perder, en este año jubilar, toda esperanza de que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca lo que la Iglesia ha hecho y está haciendo en esta materia y pase página.
Respecto a la nula competencia del Defensor del Pueblo en la investigación de la pederastia en la Iglesia, obviando de hecho la que tendría que ser su investigación, la pederastia en la sociedad, conviene leer las páginas 81 y siguientes del libro sobre la pederastia de Josep Miró. A no ser que se esté contribuyendo por parte de la Iglesia a una legitimación de facto de competencia, que sentaría un precedente curioso, por no decir otra cosa.
Por cierto que esa supuesta incompetencia del Defensor del Pueblo para hacer la Investigación se denunció con un recurso al Tribunal Constitucional. Creo que todavía espera la resurrección de los muertos.
Miró i Ardèvol señala en su libro sobre la pederastia en la Iglesia y la sociedad que “España es el único país de la Unión Europea donde el Congreso, de acuerdo con la voluntad del Gobierno, los poderes públicos, han intervenido directamente, y solo y exclusivamente, en relación con la pederastia y personas vinculadas a la Iglesia. Esto ya señala una excepcionalidad llamativa de dudoso respeto a los derechos fundamentales”.
Hay que recordar que según la Constitución española las atribuciones del Defensor del Pueblo se deben limitar a fiscalizar la actividad de “ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas”. Podíamos añadir además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia de 1986 y 2001.
Otro dato que quizá pueda añadir alguna pista. En las vísperas de la Plenaria, en el diario digital “El Periódico de España”, Iván Gil ofrecía una información titulada “Bolaños pospone para 2026 las indemnizaciones de la Iglesia a víctimas de pederastia con una subcomisión en el Congreso” en la que leemos:
“Sin avances en las negociaciones abiertas para que la Iglesia se haga cargo del coste de las indemnizaciones, se opta ahora por una patada hacia adelante. La decisión se produce después del acuerdo entre el ministro Félix Bolaños y el Vaticano, sellado el pasado 25 febrero, para desbloquear la resignificación del monumento franquista de Cuelgamuros”.
Hay que aclarar que el hecho de que la decisión se produzca después del acuerdo no quiere decir que se produzca como parte o fruto del acuerdo.
Pues bien. En el minuto 59, 40 de la rueda de prensa posterior a la Plenaria, el obispo portavoz, monseñor García Magán, señaló, a preguntas de un periodista, que “el proponer esa colaboración, esa mediación, esa coordinación con el Defensor del Pueblo no tiene que ver nada con la iniciativa de esa Subcomisión, porque antes de que fuera presentada esa iniciativa, esa petición parlamentaria, ya se estaba trabajando en esa línea, entonces, es fruto de esa propuesta, de esa conversación, que se está llevando a cabo con el Gobierno y ya le digo a usted que era anterior”.
El proponer, en genérico, qué, ¿una colaboración, una mediación, una coordinación?, ¿Por qué, si la Iglesia tiene ya el PRIVA? ¿Para qué? ¿Multiplicar los entes? ¿Con el Defensor del Pueblo? ¿Con qué competencias y pretensión?
Por cierto, con el Defensor del Pueblo que en este caso es el señor Gabilondo, un hombre tranquilo y algo más que tranquilo.
Y al final, ¿qué se ha decidido? Mejor dicho, ¿qué han decidido los obispos en Plenaria?
José Francisco Serrano Oceja