CONFERENCIA EPISCOPAL
Las claves de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de los obispos sobre el PRIVA
Juristas procedentes del Supremo y la Audiencia Nacional estarán en la Comisión Asesora que velará por el cumplimiento del Plan de Reparación Integral de víctimas de abusos sexuales
10/07/24
- Unidos a Mons. Argüello
- Los tres documentos
- Quién estará en la Comisión Asesora
- Asociaciones que cuidan a las víctimas
- Estrategia de la Iglesia ante el Gobierno
Había en la mañana de ayer por parte de los 67 obispos, de los 79 con derecho a voto asistentes a la Asamblea Plenaria extraordinaria, en la sala de plenos de la Conferencia Episcopal, muchas ganas de cerrar este capítulo en la vida de la Iglesia en España. Una Asamblea Plenaria extraordinaria que se ha convocado en apenas una semana. En 60 años solo se han celebrado cinco plenarias extraordinarias.
Y además de hacerlo por práctica unanimidad en una plenaria que fue como la seda hasta tal punto que comenzó a las 10,00 h. y a las 13,30 h. prácticamente se habían terminado los trabajos.
Unidos a Mons. Argüello
Los obispos, salvo alguna voz discordante más diríamos en el fuero interno y en conversaciones privadas, están unidos en esto, entre otras razones por el liderazgo con autoridad que ejerce monseñor Luis Argüello y que es valorado y agradecido por los obispos.
No era sólo cuestión de lo que está haciendo la Iglesia en lo referido a las víctimas de la pederastia eclesial, que lleva trabajando en esto desde hace veinte años mínimo, sino de ganar al menos algo de espacio en la narrativa pública.
Como dijo el Presidente de la Conferencia, monseñor Luis Argüello, “lo que hoy hemos aprobado no ha supuesto el comienzo, ni tampoco es el final, hemos de seguir aprendiendo y escuchando, reforzando nuestra comunión”.
La clave de la Plenaria extraordinaria era el PRIVA, Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales.
Los tres documentos
Un documento en tres documentos, una especie de trinidad documental inmanente, que, durante no pocos meses, se había trabajado por los organismos competentes en la Conferencia Episcopal: la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside monseñor Casimiro López Llorente, el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas de protección de menores, con su cabeza el juez rotal, Jesús Rodríguez Torrente, y el organismo Compliance, que coordina Alfredo Dagnino Guerra.
Un trabajo que ha dado su fruto y que se sustancia ahora en tres textos. Primero, las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia en España (Implementación de actuaciones, tras el Informe del Defensor del Pueblo, sobre los abusos sexuales en la Iglesia y el papel de los poderes públicos). Segundo, el PRIVA: principios informadores y propuestas de acción. Y tercero, los criterios orientadores para la reparación integral a los menores de edad o personas vulnerables equiparadas víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia Católica en España.
Los documentos finales no se han hecho públicos a la espera de introducir las aportaciones de los obispos que han sido aceptadas. En esta cuestión la Conferencia no parece ir a gran velocidad.
Quién estará en la Comisión Asesora
Aportaciones principalmente de unificación terminológica, de cuestiones referidas a la confidencialidad y, quizá la más relevante, sobre los miembros de la Comisión Asesora, “órgano consultivo constituido por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Secretaria General y a través del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las oficinas diocesanas para la protección de menores”, y que “tiene por misión conocer de los casos de abusos sexuales comprendidos en el ámbito de aplicación de los presentes criterios y asesorar sobre la procedencia de la reparación del daño causado a una víctima, así como su debida evaluación y la posible forma de satisfacción”.
La Comisión Asesora estaría compuesta inicialmente por un representante de la Conferencia Episcopal Española; un representante de la Conferencia Española de Religiosos; cuatro juristas de reconocido prestigio procedentes de la carrera judicial y/o fiscal, o de los altos cuerpos de juristas al servicio del Estado, o de la universidad (en el caso de los miembros procedentes de la carrera judicial y fiscal no deben encontrarse en servicio activo); dos médicos psiquiatras forenses especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales; dos psicólogos forenses especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales.
Aún no se ha hecho públicos los nombres, pero Religión Confidencial ha podido saber que los miembros del ámbito jurídico proceden del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
Asociaciones que cuidan a las víctimas
Como los obispos suelen tener formación filosófica, y no pocos de ellos han estudiado Derecho Canónico, han distinguido entre Asociaciones de Víctimas y Asociaciones que se dedican al cuidado de las víctimas, dando a éstas últimas un protagonismo especial en todo este proceso y en la citada Comisión Asesora, como lleva ocurriendo en las actuaciones y presencias en la Conferencia Episcopal. Un mensaje claro a determinadas Asociaciones de Víctimas de la pederastia.
Además, como nota importante, Argüello destacó en la rueda de prensa que la mayoría de las víctimas no están asociadas, que desean estar en el anonimato, algunas con muchas heridas que no quieren saber nada de la Iglesia y otras que quieren vivir un proceso de sanación, "que quieren dejar de ser víctimas para dar testimonio de su vivencia de reparación", señaló el presidente de los religiosos españoles, la CONFER, Jesús Díaz Sariego.
Por otra parte, las abstenciones que se produjeron a la hora de aprobar estos documentos fueron más por cuestiones de carácter formal que por objeciones al contenido de lo aprobado, según ha podido saber Religión Confidencial de fuentes bien informadas.
Estrategia de la Iglesia ante el Gobierno
También se abordó la estrategia de la Iglesia ante el Gobierno. Una actitud, la de Félix Bolaños como ministro responsable, que está causando perplejidad y sorpresa, sobre todo con su intento de contraprogramar contra esta Asamblea Plenaria.
“El Gobierno de un Estado Democrático debe respetar las reglas del juego: una institución tiene derecho y deber de organizarse con respecto a sus obligaciones”, dijo Arguello en la rueda de prensa posterior a la Plenaria sintetizando lo que se había hablado. El Gobierno tiene “una mirada parcial y sesgada”. “No es pedir mucho que el Gobierno piense en todas las víctimas en este asunto”, aseveró un Luis Argüello que le ha dado un cambio a la presidencia de la Conferencia Episcopal, no sólo a nivel argumentativo sino de gestión de las Plenarias.
Respuesta a Bolaños
En cualquier caso, en respuesta al ministro Bolaños, Argüello sentenció: "Sí, presentamos un plan de manera unilateral", puesto que la Iglesia tiene el deber y el derecho de aprobar su plan de actuación para con las víctimas, siempre acompañándolas, escuchándolas e indemnizándolas. Un plan que acompañe a las víctimas incluso en los casos prescritos por tiempo o porque el victimario haya fallecido.
El gobierno tiene responsabilidad para con todas las víctimas y la Iglesia colaborará de manera leal respecto a las víctimas de abusos de la Iglesia, pero con una responsabilidad independiente al gobierno.
La Conferencia Episcopal defenderá su libertad. Tiene el compromiso decidido de seguir adelante con este proceso. Está a la espera de que el Gobierno haga público el anunciado Decreto. Entonces, según sea su contenido, decidirá si se recurre ante la justicia.