Colaboraciones

 

Las declaraciones de la ministra Isabel Celaá, llenas de contradicciones y faltas de solidez

 

Según la ministra, el derecho de los padres a elegir centro así como la educación religiosa para sus hijos no emana de la libertad de enseñanza contemplada en el artículo 27 de la Constitución

 

16 noviembre, 2019)| Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

La necesidad de oponerse a las pretensiones totalitarias del Estado es lo que motiva el famoso artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. O bien el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Es decir, los más importantes documentos del derecho internacional han seguido la dirección que está de acuerdo con el sentido de la libertad y de la dignidad de la persona.

El artículo 27 de la Constitución Española del 78, en su punto 1 dice: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Y más adelante, en sus puntos 3, 4, 6, 7 y 9, añade: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3); “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (art. 27.4); “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” (art. 27.6); “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” (art. 27.7), y “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca” (art. 27.9): el reconocimiento, en suma, de un doble derecho en materia educativa: el derecho de todos a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza.

Según el ABC:

Las leyes educativas aprobadas por el propio PSOE como la LODE (1985) o la LOE (2006) reconocen el derecho de los padres a elegir centro. La primera lo hace, concretamente, en el artículo 4.b. La segunda, en el artículo 84.1. Por si esta contradicción no fuera suficiente, tanto la LODE como la LOE están en vigor y es esta última la que la propia Celaá pretende mantener (con algunos cambios) con su nueva ley, la LOMLOE, más conocida como “Ley Celaá” y con la que se pretende derogar la LOMCE o “Ley Wert”. De ahí la incomprensión ante las palabras de la ministra, que algunos interpretan como un posible giro político, en la línea de reducir dichos derechos de los padres para agradar a partidos que defienden una educación única, pública y laica como Podemos.

Para el diario EL MUNDO:

La portavoz del Gobierno eludió mencionar que existen al menos tres sentencias y un auto emitidos por el Alto Tribunal que avalan las tesis de la escuela concertada y conectan la libertad de enseñanza con el derecho de los padres a escoger colegio para sus hijos. Es la jurisprudencia que esgrime la patronal Escuelas Católicas para afirmar que tiene razón frente a las afirmaciones de la ministra.

En cuanto a la libertad de enseñanza religiosa que Celaá también niega que exista en el artículo 27, está reconocida en su apartado 3. No es ningún regalo del Estado.

“Es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio. Es como hablar de libertades políticas sin libertad de elegir partido al que se vota. O de libertad sindical sin afiliación al sindicato que uno quiera. O de libertad de prensa sin poder elegir la radio que escuchas o el periódico que compras”, afirma Ángel Gallo, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Asturias, patronal de centros educativos impulsados por iniciativa privada.

Iñaki González, presidente del sindicato APPRECE en Asturias, apunta que las declaraciones de la ministra son “un error impropio en una ministra de Educación y en sus asesores. Resulta lamentable que todavía haya políticos que no hayan leído la Constitución o la confundan con su ideología”.

La educación es una prolongación de la generación, de modo que los padres tienen la misión —el deber grave— de educar a los hijos y, también, el derecho frente a los demás de educarlos. Por esa razón, es un derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Este derecho de los padres —por extensión, de la familia— es irrenunciable y anterior a cualquier otro derecho de la sociedad y del Estado; por esto, es inviolable.

Este derecho que acabamos de enunciar comporta el respeto a la dimensión educativa de la convivencia familiar, como ambiente a través del cual el hijo recibe una importante influencia educativa. Comporta, además, el derecho de los padres a elegir las escuelas para sus hijos, y a crear y sostener centros educativos que estén de acuerdo con sus convicciones.

Una de las consecuencias del pluralismo social que tanto se difunde a nivel político es, lógicamente, el pluralismo escolar, es decir, la coexistencia de diversas instituciones escolares que permitan a los padres escoger el tipo de escuela que mejor responda a su propia concepción de la vida, y en la que desean educar a sus hijos.

La escuela no debe ser un órgano ejecutivo del Estado, ni un campo de experimentación política, ni un recinto de manipulación. La forja y el adoctrinamiento de niños por el Estado deben rechazarse, salvo que alguien los considere deseables para sus hijos.

Solamente un Estado proclive al totalitarismo puede arrogarse el derecho a decidir sobre la hechura espiritual de sus ciudadanos, sobre sus modos de sentir y pensar, sus conocimientos y sus convicciones. El Estado como institución se excede inevitablemente en sus atribuciones cuando pretende dar disposiciones y prohibiciones sobre dónde deben los niños recibir enseñanza y ser educados.

La escuela no debe ser degradada a la condición de instrumento político manejado por la mayoría parlamentaria de cada momento, pues ello constituiría una forma sutil de dictadura. Y por esto es necesario que deje de servir como fábrica de ideologías para los revolucionarios reprimidos.

La misión del Estado debería consistir en conciliar los diversos intereses de sus ciudadanos, ejerciendo una alta mediación, y en proteger la libertad de conciencia, exigir y controlar unos mínimos de conocimientos y procurar para todos las mismas oportunidades de educación y formación en un régimen de libre promoción de centros.

El monopolio estatal de la enseñanza se opone a los derechos natos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. Por ello, a toda persona de mentalidad auténticamente liberal debe parecer obvio que los padres, a quienes incumben con preferencia la misión y el derecho inalienables de educar a sus hijos, deben ser realmente libres para elegir escuela.

Todos tienen derecho a la educación, pero nadie está condenado a la uniformidad y al igualitarismo. Un pluralismo social sin un derecho libre a la educación es, si acaso, una broma de mal gusto: que el precio que se paga por la libertad sea la pérdida de la libertad.

En otras palabras, se acepta el pluralismo como un hecho político, pero se niega el pluralismo como característica fundamental de la comunidad.