Iglesia-Estado
Más voces contra la ministra Celaá: "Es un anticipo de una actitud cultural del próximo Gobierno"
Jaime Mayor Oreja califica de de extrema gravedad las palabras de la titular de Educación referidas a la libertad de educación de los padres
16/11/19
Políticos, padres, profesores no han podido callar ante las palabras de la ministra de educación en funciones Isabel Celaá cuestionando la libertad de los padres para elegir colegio. Pues bien, ayer el ministerio de educación envío un comunicado para explicar que las palabras de Celaá responden a "la doctrina del Tribunal Constitucional".
Tras las críticas vertidas por estas palabras, el ministerio ha insistido que en ningún momento el TC indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro. "Es más, en el Fundamento Jurídico 8, el propio Tribunal establece que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente”, dice el comunicado.
Explica el ministerio que, de esta manera, "mientras que la negativa a abrir un centro educativo o la negación de la libertad de cátedra de un docente son violaciones directas de la Constitución, la admisión de un estudiante en el centro elegido dependerá del cumplimiento de las normas de Programación educativa".
Interpretación del Constitucional
Sin embargo, Escuelas Católicas no está de acuerdo con esta interpretación y ha expresado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018 de 10 de abril de 2018, que se apoya en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este a su vez, con el derecho de las familias a la elección de centro escolar.
Esto lleva al TC a afirmar que el derecho de los padres a la elección de centro docente es una vertiente específica del derecho a la educación, que también está vinculado con la libertad de creación de centros docentes. Todo ello está enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución.
Escuelas Católicas argumenta que el Constitucional remarca la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral, y que hay una indudable conexión entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro de escolar.
Más allá de las consideraciones jurídicas, Escuelas Católicas considera que no es el momento de cuestionar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, derecho universal reconocido en la Declaración de la ONU de los Derechos del Hombre (artículo 26).
Congreso Católicos y Vida Pública
Por su parte, ayer, en la primera jornada del 21 Congreso de Católicos y Vida Pública, los representantes políticos invitados también criticaron las palabras de la ministra Celaá.
La diputada por Ciudadanos, Marta Martín, ha destacado la necesidad de respetar la demanda social, que permita claramente la capacidad de los padres para elegir el centro de enseñanza, así como la formación religiosa y moral para sus hijos; que no exista una diferenciación territorial; y que no se pierda la libertad de cátedra.
En consonancia con Martín, la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha señalado que “la transparencia y la confianza en el centro educativo es sinónimo de libertad de educación no se puede estar cerca de partidos que coartan esta libertad”.
La presidenta de VOX en Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado también el adoctrinamiento en el sistema educativo por parte de la izquierda, ya que “supone una amenaza a la libertad, la neutralidad ideológica y los valores”. Asimismo, Monasterio ha defendido la libertad y la igualdad de oportunidades, por lo que considera una medida oportuna la implantación del denominado “cheque escolar”.
El Estado, garante del derecho a la educación
El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha manifestado durante el acto inaugural que “el Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante, pero existe el peligro de que, como en tantos otros ámbitos, el Estado quiera extender su esfera de actuación”. En esta línea, Bullón de Mendoza ha señalado que “no cabe duda de que una verdadera libertad de educación generará más oportunidades para las familias y una dinámica para la mejora permanente de nuestro sistema educativo”.
El consiliario nacional de la ACdP y arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, ha reivindicado el derecho a la libertad de educación y ha recordado el principio de subsidiariedad, que supone la primacía de la persona y la sociedad frente al Estado. “Los gobernantes no deben privar de sus ideales a los grupos sociales, familiares y culturales”, ha señalado. En esta línea, el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, ha subrayado que “no puede haber libertad de enseñanza si los padres no pueden elegir el centro educativo para sus hijos”.
Por su parte, el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Mons. Michael F. Crotty, ha trasladado un mensaje del Papa Francisco a todos los asistentes. Además, ha destacado que “la educación funciona cuando se deja a la familia ejercer sus derechos y obligaciones, pues la tarea educativa y las convicciones religiosas corresponde en gran parte a los padres”.
Frente Popular y populista
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del presidente de la Federación Europea ‘One of Us’, Jaime Mayor Oreja, en la que ha explicado que “la situación actual es una crisis de civilización, de dimensión marcadamente cultural, de falta creciente de referencias permanentes, de principios y valores, de fe, de carácter antropológico, es decir, derivado del concepto de la persona”.
Por ello, Mayor Oreja se ha referido a la actual ministra de Educación en funciones, catalogando de extrema gravedad sus palabras referidas a la libertad de educación de los padres, “por su simbolismo, por lo que tienen de anticipo de una actitud cultural del próximo gobierno, del Frente Popular, populista, nacionalista”.
Con motivo de esta crisis, Mayor Oreja ha apelado a fomentar un ambiente familiar más ejemplar y unas instituciones educativas y culturales “que estén a la altura de la extrema dificultad en la que se encuentran los valores y las convicciones que defendemos”. En este sentido, ha subrayado que “la primera obligación de un católico es defender la razón, pero sin esconder la fe y la trascendencia que nos impulsa, sin esconder nuestras creencias”.