Tribunas
25/07/2017
Contradicciones culturales y éticas en las políticas sobre tabaco y drogas
Salvador Bernal
Ha coincidido la noticia del comienzo de la venta de cannabis en las farmacias de Uruguay con el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el tabaquismo. Invita a pensar en algunas contradicciones del pensamiento dominante en el mundo occidental, derivadas de una aplicación quizá arbitraria de principios morales en evidente evolución (cuando no destrucción).
No es fácil comprender el permisivismo respecto del consumo de drogas, mientras se intenta penalizar aún más el del tabaco. El primer día de venta de cannabis en farmacias de Uruguay se agotaron las existencias: indicio evidente de que la legalización, ante todo, favorece el aumento del consumo. Al contrario, la OMS querría que los Estados aumentasen los impuestos que gravan ya el tabaco, para intentar reducir la difusión. Justamente lo contrario de la nueva regalía uruguaya.
En el informe publicado el pasado día 19, la OMS se felicita de que las políticas contra el tabaco hayan aumentado considerablemente en la última década. El elogio a los Estados va acompañado lógicamente de la crítica a las empresas tabaqueras: promueven un consumo que causaría siete millones de muertes al año en el planeta, cifra probablemente exagerada por razones dialécticas.
Las medidas disuasorias, aparte del incremento del precio, siguen siendo las advertencias en las cajetillas, que llegan incluso a esconder el nombre de los fabricantes, la prohibición de la publicidad o el establecimiento de zonas de no fumadores cada vez más amplias y exigentes. La OMS estima en casi cinco mil millones de personas el número de quienes se benefician de al menos alguna normal de control, cuatro veces más que hace diez años.
En contra de lo que se promete con la legalización de la marihuana, el incremento de los impuestos da lugar a un mayor contrabando. De ahí que el Director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomiende vivamente a los gobiernos que repriman el mercado ilícito de los productos relacionadas con el tabaco, “que agrava la epidemia mundial de tabaquismo y sus nefastas consecuencias sanitarias y socio-económicas”. No queda claro si es más importante la salud de los ciudadanos que la reducción del gasto público en la atención de las enfermedades. Desde luego, se pasa por alto la libertad del consumidor, subrayada en cambio respecto de las drogas, como si la nueva generación de derechos humanos incluyera también el relativo al placer, no sólo a la salud.
Aparte de la producción y distribución de la droga, la ley de Uruguay permite el autocultivo de un máximo de seis plantas y los clubs de consumidores. A la vez, deja libertad a los farmacéuticos. De hecho, según informaciones de prensa, sólo 16 farmacias -¿de Montevideo o de todo el país?- han aceptado expender los sobres de marihuana producidos por el Estado a quienes se hayan inscrito en un registro de consumidores: el tope, 40 gramos al mes; el precio, el equivalente a 1,12 euros el gramo. Se trata en cualquier caso de un cultivo especial, fácilmente reconocible, para evitar el tráfico hacia otros países. Los adictos reprochan que se trata de una sustancia de exigua efectividad.
Al contrario, existen muchos fármacos, dispensados en las oficinas de farmacia, normalmente con receta, muy peligrosos por su psicoactividad. De ahí la grave crisis de la mortalidad por sobredosis de opiáceos detectada en Estados Unidos. Se trataría de una auténtica epidemia que, resumía gráficamente Jan Martínez Ahrens en El País: "en 2016 mató en EEUU a más personas que toda la guerra de Vietnam" (unas 60.000 personas, del 1'3 millones que recibieron atención hospitalaria: fue la primera causa de mortalidad en menores de 50 años, casi la mitad por abuso de opiáceos prescritos facultativamente para mitigar el dolor causado por tantas enfermedades; es decir, más que el tabaquismo).
La situación es tan grave que, en un condado del Medio Oeste, dentro del Estado de Ohio, se ha planteado no prestar atención médica a los reincidentes, siempre por razones prevalentemente económicas: a un ayuntamiento puede costarle más de mil dólares la actuación ante una sobredosis, y otro tanto casi la incineración de los fallecidos…
Se produce una triste sinergia entre la falta de fortaleza –el famoso "aguantoformo" de tiempos pasados- con el inmoderado deseo de placer, ante la pasividad de tantas familias y educadores, incluidos quienes deberían enseñar ética en las escuelas. La gran epidemia es quizá la renuncia a enseñar conductas que exigen auténtico esfuerzo, tanto intelectual como moral. La urgencia sería erradicar el permisivismo: un objetivo cultural y ético previo a tantas normas legales más bien ineficaces.