Los Obispos españoles se encuentran reunidos en Madrid desde hoy lunes 15 de abril, y hasta el próximo viernes 19, para celebrar su primera reunión en Asamblea Plenaria de este año 2013. Este nuevo pleno de los Obispos alcanza ya su reunión número 101.
En el discurso inaugural pronunciado por el Presidente del episcopado, el Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, ha abordado los graves problemas del presente y la responsabilidad de los católicos en nuestro país. El Cardenal ha constado que importantes problemas sociales siguen “vivos” como la crisis económica y el paro, el problema de la vivienda, o la atención a ancianos y emigrantes. Ha insistido en que persiste en nuestra sociedad una desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y se mantiene una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Tampoco ha olvidado el Presidente de los Obispos españoles reseñar la deficiente calidad de la enseñanza.
Reproducimos, a continuación, las palabras pronunciadas por el Cardenal Rouco Varela alusivas a estos temas, sobre los que se ha extendido.
Graves problemas del presente y responsabilidad de los católicos
1. Lamentablemente hemos de constatar que los problemas sociales a los que nos referíamos en la inauguración de la última Asamblea Plenaria siguen vivos. Persiste la crisis económica con su cortejo de paro -especialmente de desempleo juvenil- y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad.
Los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes. En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Durante los años de vigencia de la actual legislación, que se basa en el absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a quitarles la vida a los seres humanos que van a nacer, en contra de lo que falazmente se había afirmado, el número de abortos ha seguido creciendo hasta alcanzar cifras escalofriantes[17]. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medidas jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también mediante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. ¡España envejece y se debilita! Pero aunque no fuera así, una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano.
Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos. El legislador, también después de la sentencia del Tribunal Constitucional a este respecto, es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños. No se trata de algo que supuestamente afectara solo a la vida privada de las personas. Está en cuestión la estructuración básica de la vida social. Sobre el gobierno y el legislador recae en este campo una grave responsabilidad propia y cierta, que no puede ser transferida ni eludida.
Se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos. El deterioro progresivo de la situación a este respecto, junto con la imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género -imposición vulneradora del mencionado derecho fundamental- constituye, sin duda, una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza en general y de que buena parte de la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria para afrontar con éxito la vida personal, laboral, social y política.
2. Ante la difícil situación económica por la que atravesamos, las tensiones sociales no parecen disminuir. Es verdad que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos siguen mostrando un admirable espíritu cívico que se muestra en la disposición a asumir sacrificios y a colaborar en la solución de los problemas que sufren las administraciones públicas, las empresas y las familias. Sin embargo, es necesario vigilar para que el delicado equilibrio de la paz social no sufra graves alteraciones que tendrían consecuencias negativas para todos. En particular, hemos de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, y con notable beneficio para el bien común. Nadie debería aprovechar las dificultades reales por las que atraviesan las personas y los grupos sociales para perseguir ningún fin particular, por legítimo que fuere, que perdiera de vista los mencionados bienes superiores. Menos aún se podrá tolerar que tales conductas particularistas fueran realizadas por medios contrarios a los derechos fundamentales de nadie y a la legalidad vigente.
Los responsables de la acción política y social han de mantener el espíritu de lealtad, concordia y respeto de la ley -de la ley civil y de la ley moral- sin los cuales su insustituible aportación al bien común quedaría en entredicho. Los medios de comunicación han de ser fieles a la verdad de las cosas, sin ceder a la tentación de acentuar los problemas o de azuzar las diferencias, que una visión poco veraz y poco generosa podría alimentar en ellos, presionados tal vez por las dificultades económicas de las que también son víctimas. Los agentes de la vida económica en el mundo de las finanzas y de la empresa, pero también todos los ciudadanos, en cuanto tenemos responsabilidades económicas, deben ser conscientes de que es el momento de ajustar las conductas a un modo de vida acorde con nuestras verdaderas posibilidades, huyendo de la codicia y de la ambición desmedida, actuando siempre de acuerdo con los imperativos de la honradez y de la auténtica solidaridad.
Una de las formas de responder a la vocación cristiana y a la llamada universal a la santidad, particularmente en el caso de los fieles laicos, es la de la participación en la acción social y política. Hay incluso santos canonizados cuya principal actividad en el mundo ha consistido precisamente en una generosa dedicación a las actividades sociales, políticas y de gobierno. En este campo, la Iglesia declara que no es tarea suya formular soluciones concretas -y menos todavía soluciones técnicas- para los problemas de orden temporal. Por eso, es legítimo el pluralismo social y político entre los católicos. Sin embargo, el pluralismo legítimo no debe ser confundido con el relativismo. «La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre con esa enseñanza para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales»[18].
Más en concreto, hay que recordar que «cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad»[19].
Naturalmente, la acción social y política no es el único medio por el que los católicos ejercitan la caridad social, es decir, la acción que brota de su compromiso de fe en favor del bien común. También se ejerce la caridad social a través del ejercicio honrado y laborioso del propio trabajo o profesión, de los deberes para con la familia y de la solidaridad práctica con los más desfavorecidos. En este último campo hemos de agradecer una vez más el trabajo de los voluntarios que dedican su tiempo a las obras por las que diversas instituciones de la Iglesia asisten a los necesitados y a los más afectados por al crisis, en primer lugar, en las diversas Cáritas parroquiales y diocesanas, así como en la federación de estas en Cáritas española; pero son muchas otras las instituciones de servicio de la caridad que promueven los miembros de la vida consagrada, las hermandades, cofradías, etc. Los obispos en sus sedes, presidentes natos de las Cáritas diocesanas y los párrocos, que lo son igualmente de Cáritas parroquial, trabajan y exhortan a todos a trabajar y colaborar con esta institución oficial de la Iglesia y con las demás que se dedican también a procurar la ayuda inmediata que se presta a los hermanos como al Señor mismo. >>
[17] No se ha quebrado la dramática línea ascendente del número de abortos, que en los últimos diez años ha crecido en un 70%, pasando de 69.857 en 2001 a 118.359 en 2011. Desde 1985 hasta 2011 los abortos contabilizados han sido casi 1.700.000, exactamente 1.693.366.
[18] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de 2002, n. 3.
[19] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de 2002, n. 4. Se mencionan aquí entre las acciones que tienen que ver con tales principios las referentes al aborto y la eutanasia; la protección del embrión humano; la tutela y promoción de la familia basada en el matrimonio entre un varón y una mujer; la tutela de los menores y la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (por ejemplo de la droga y de la prostitución); la justa tutela del derecho de libertad religiosa; y el desarrollo de una economía al servicio de la persona, según los principios de subsidariedad y solidaridad.