Andrés Beltramo Álvarez, blog Sacro y profano

“De caritate ministranda” (Servicio a la caridad) es el título de la carta apostólica en forma de “motu proprio” que dio a conocer El Vaticano ayer 1 de diciembre (leer completo aquí). Un documento que sentará las bases para un cambio sustancial en las iniciativas de caridad de la Iglesia en el mundo, pero que ha pasado “de noche” en la prensa generalista. No pudo elegirse peor día para su difusión, un sábado en coincidencia con dos eventos menos importantes pero más mediáticos: una audiencia a artistas circenses y el anuncio del cierre de los primeros dos juicios por el caso “vatileaks”.

Escrito originalmente en latín, el decreto normará desde el derecho canónico el actuar de las Organizaciones No Gubernamentales católicas que actúan en el ámbito de la asistencia humanitaria. Cuestión técnica aparte, el documento busca cubrir varias lagunas que en el pasado han provocado múltiples dolores de cabeza a obispos y a la Santa Sede.

Son miles las asociaciones que, intitulándose “católicas”, operan en los más disparatados campos. Desde la mínima obra pía de atención a ancianos en cualquier pueblo del tercer mundo hasta la gran federación de Cáritas, presente en más de 180 países y territorios. Cada cual con sus estatutos y sus reglas, con sus modos y su gobierno.

Muchas desviaciones, algunas realmente problemáticas, se han registrado en ese mundillo de la ayuda humanitaria. No sólo en el campo doctrinal, donde grupos de la Iglesia se han prestado a “alianzas” con instituciones que financian actividades en abierto choque con la doctrina católica, sino también en el renglón administrativo, siempre vulnerable a los fraudes y al intento de “lavar” dinero de parte de los criminales.

Por eso era necesario poner los puntos sobre las íes. Dejar en claro quién tiene la autoridad para vigilar sobre estas asociaciones, varias de las cuales se autodenominan “católicas” porque les conviene (usar una “marca” de calidad) pero después, en los hechos, rechazan cualquier intervención de la autoridad eclesiástica apelando a su autonomía.

Es verdad, en su gobierno y su administración cotidiana deben mantener cierta independencia pero si su labor contradice todos los preceptos que siguen el resto de los católicos, ¿cómo podrían seguir denominándose así? Ejemplos sobran. Como cuando una ONG se alió en África con un programa de las Naciones Unidas que, junto con la comida a los pobres procuraba a las mujeres “abortos terapéuticos”. O cuando una importante asociación católica financió la publicación de libros de “educación” sexual donde se promovían la promiscuidad y los métodos anticonceptivos artificiales.

Ahora las cosas deben cambiar. Al menos en los papeles. Porque el decreto del Papa aclaró claro varias cosas: la primera es que todos los fieles tienen el derecho de asociarse libremente para hacer el bien, sin necesidad que sean los sacerdotes quienes tomen la iniciativa. Y los pastores deben acoger sus iniciativas “siempre como manifestación de la participación de todos en la misión de la Iglesia, respetando las características y la autonomía de gobierno que, según su naturaleza, competen a cada una de ellas como manifestación de la libertad de los bautizados”.

Pero los clérigos deben asegurar un mínimo orden. Porque “corresponde al respectivo obispo diocesano vigilar a fin de que en la actividad y la gestión de estos organismos se observen siempre las normas del derecho de la Iglesia, así como las voluntades de los fieles que hayan hecho donaciones o dejado herencias para estas finalidades específicas”.

El Papa fue categórico al establecer que “un organismo caritativo puede usar la denominación de ‘católico’ sólo con el consentimiento escrito de la autoridad competente”. Esto porque no cualquiera puede usar un apelativo que significa fidelidad a la Iglesia y no cualquier otra cosa. Como en el caso de las autodenominadas “Católicas por el Derecho a Decidir”, la organización feminista cuyas integrantes ni son católicas ni, mucho menos, están a favor del derecho a decidir, salvo que este sea el aborto, la anticoncepción, la lucha de los sexos y el libertinaje descontrolado.

De la misma manera, para las organizaciones católicas, no basta declararse como tales y cumplir con lo solicitado por su obispos. Están obligados a “seguir en su actividad los principios católicos y no pueden aceptar compromisos que en cierta medida puedan condicionar la observancia de dichos principios”. Es decir, no sólo parecer sino realmente ser. Sin medias tintas.

Como iniciativas surgidas del seno de la Iglesia, ellas no pueden recibir “financiación de entidades o instituciones que persiguen fines en contraste con la doctrina de la Iglesia”. Por ello y “para no dar escándalo a los fieles, el obispo diocesano debe evitar que dichos organismos caritativos acepten contribuciones para iniciativas que, por sus fines o por los medios para alcanzarlos, no estén de acuerdo con la doctrina de la Iglesia”.

Este apartado puede interpretarse de diversas maneras según el país donde se aplique. Mientras en Europa ninguna organización católica podría aceptar recursos de un conglomerado propietario de clínicas abortistas o fabricante de armas, en América Latina debería rechazar cualquier donación sospechosa, aunque provenga de un “respetable” empresario con “olor” a narcotráfico. Casos como estos se han dado y se siguen dando, por desgracia. Pero el mensaje es inequívoco: simple y sencillamente, el dinero no se “purifica” cuando se invierte en actividades caritativas, sin importar su origen.

Más allá de todas estas instrucciones efectivas, la verdadera preocupación de Benedicto XVI es la fidelidad. En la doctrina y en la administración pero, sobre todo, en la acción. Porque, para el Papa, la caridad cristiana debe ser prioritariamente eso: cristiana. Y se debe notar. Sólo así se hará la diferencia.

Por eso escribió: “Las numerosas organizaciones católicas no deben limitarse a una mera recogida o distribución de fondos, sino que deben prestar siempre especial atención a la persona que se encuentra en situación de necesidad y llevar a cabo asimismo una preciosa función pedagógica en la comunidad cristiana, favoreciendo la educación a la solidaridad, al respeto y al amor según la lógica del Evangelio de Cristo. En efecto, en todos sus ámbitos, la actividad caritativa de la Iglesia debe evitar el riesgo de diluirse en una organización asistencial genérica, convirtiéndose simplemente en una de sus variantes”.

Serafines susurran.- Que El Vaticano tuvo un particular gesto diplomático con México este sábado 1 de diciembre. No uno sino dos representantes de la Santa Sede asistieron a los actos con motivo de la toma de protesta del nuevo presidente de ese país, Enrique Peña Nieto. Por un lado el nuncio apostólico en la capital mexicana, Christophe Pierre y, por el otro, el embajador papal en Venezuela, Pietro Parolin. Este último participó en calidad de “enviado especial” en el saludo del flamante mandatario al cuerpo diplomático en el Palacio Nacional.

El detalle tuvo doble importancia. Por un lado resultó significativa la asistencia de dos diplomáticos, algo poco común. Con la simple presencia del nuncio en el país hubiese bastado para cumplir con el protocolo, sin mayores problemas. Por otro lado otorgó un matiz de “alto nivel” la calidad del enviado. Antes de ser nuncio en Caracas, Parolin era subsecretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano. Una especie de “viceministro de exteriores” de la Sede Apostólica. Pero, además, es un “viejo conocido” de México, donde trabajó con el ex nuncio Girolamo Prigione en las negociaciones que llevaron al establecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede 20 años atrás.

ONG’s católicas: el Papa pone orden