4.10.12

 

En mi post anterior hacía varias reflexiones políticas como venezolano y como católico respecto a las opciones que tenemos de cara al próximo proceso electoral. En la sala de comentarios recibía varias observaciones, algunas de las cuales me parecían muy interesantes y consideré me daban pie para hacer un segundo post y tratar algunos de esos elementos con mayor profundidad.

Quiero profundizar particularmente en los argumentos críticos de uno de los lectores que firma como Jorge O.P porque aunque él mismo reconoce no ser venezolano y ser ajeno a la vida diaria del país, refleja básicamente los mismos argumentos que se escuchan acá en el país de parte de aquellos que están a favor de mantener un gobierno con las características del actual.

Punto 1: Discriminación por la ideología política.

Sirva un pequeño recuento de la situación. En el año 2004 se recogieron unas firmas para un referéndum revocatorio con la finalidad de retirar del mandato a quien hoy es presidente de Venezuela. Dicho recurso, contemplado en la Constitución, había sido ofrecido por el presidente cuando todavía era candidato (puede verse en el vídeo adjunto del post anterior). Luego de que el gobierno nacional obtuviera acceso a esa lista, se implementó una política nacional de despedir y negar el trabajo en empresas del Estado a todo aquel que apareciera en dicha lista, y dicha práctica sigue en boga 10 años después. Este hecho no lo niegan los partidarios del gobierno, y son hartamente conocidos los casos de personas que luego de haber pasado todo un proceso de contratación les dicen que no pueden ser contratados porque “firmaron”.

Por supuesto, esto es una violación expresa de las disposiciones Constitucionales como las establecidas en el artículo 21 que “prohíbe todo tipo de discriminaciones o menoscabo de derechos”. También el artículo 87 que establece que “los trabajadores no serán sometidos a ninguna restricción en su derecho al trabajo” y el artículo 89 de la Carta Magna, que “prohíbe toda forma de discriminación política”.

Respecto a la doctrina católica es una práctica moralmente inaceptable contraria a la Ley de Dios, a este respecto dice el Catecismo Oficial de la Iglesia:

“La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella: Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. (GS 29,2)".. (GS 29,2)” . CEC 1935

En base a estas razones es que consideré que el hecho de que se discrimine a los venezolanos negándoles el trabajo en entes públicos solo por haberse expresado por mecanismos legítimamente democráticos es algo negativo. Y esto aunque debería parecer obvio no ha sido compartido por todos los lectores, por lo que paso a analizar sus objeciones..

Objeción: Las personas no deberían sentirse discriminadas porque no deben querer trabajar para un Estado que repudian.

Literalmente el argumento fue:

“En cuanto a las personas que son “discriminadas” para puestos de trabajo en dependencias del gobierno: ¿Por qué una persona desearía trabajar en un organismo del Estado si antes firmó un documento para que ese Estado desapareciera? Es como si la fraternidad Pío X quisiera participar en algún proyecto de promoción del Concilio Vaticano II, a pesar de rechazarlo públicamente… ¿usted cree que en el Vaticano les contratarían para hacer esa promoción?”

En otro comentario agrega:

“Lo que sí resulta muy alucinante es que una persona desee laborar en algún organismo del Estado cuando no está de acuerdo con el régimen vigente, y después decir que se la está discriminando.”

Realmente es difícil condensar tantos errores en una sola frase, y algo difícil también ser concreto para identificarlos todos.

En primer lugar se trasluce un pensamiento totalitario en donde se identifica de forma errónea al Estado con el presidente de un país. Lo primero que tenemos que dejar claro es que el presidente, los ministros, gobernadores, alcaldes y diputados son también servidores y empleados del mismo Estado, no son el Estado en sí mismo. En una democracia estos cargos están sujetos a elección popular y el hecho de que cambien las personas que los ocupan no implica de ninguna manera que el Estado desaparezca.

Un segundo error, producto quizá de una gran incomprensión de la realidad venezolana, es el asumir que un venezolano no querrá trabajar para el Estado si no está de acuerdo con quien ocupa la presidencia.

Lo cierto es que en un país con altos índices de desempleo (ya que las cifras oficiales no cuentan como desempleado quienes se desempeñan en la economía informal) una de las primeras preocupaciones del venezolano es conseguir un trabajo honesto. Me consta que al padre de familia que tiene varias bocas que alimentar y que está pasando necesidad, le importará poco si está trabajando de portero o ascensorista en una empresa privada, o una nacional. Lo mismo vale para los médicos, ingenieros, contadores, administradores, veterinarios, etc., etc. Se necesita mucha indolencia sostener públicamente que aquellos que no están de acuerdo con el gobierno no pueden querer que se les contrate.

La situación se complica todavía más en un contexto como el actual, donde por causa de una ola de expropiaciones, el número de plazas de trabajo en las empresas privadas disminuye considerablemente. ¿Pensarían aquellos que están de acuerdo con este tipo de discriminación si fueran ellos quienes estuvieran en el lado contrario?

Los venezolanos y todas las personas por nuestra dignidad humana tenemos derecho a que no se nos discrimine aunque pensemos diferente. Este tipo de discriminación es propio de dictaduras y gobiernos comunistas, y no de democracias. No en balde no implican no solo una violación a la Constitución de nuestro propio país, sino que viola además normativas de Derecho Internacional como es el caso del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el articulo 25 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y el artículo 9 de la Carta Interamericana Democrática que prohíben toda discriminación política y expresamente condenan la intolerancia, la discriminación y las exclusiones por razones de opinión política. Hay que tener cara para defender este tipo de discriminación.

El ejemplo que coloca es por demás falaz porque se establece una comparación donde una persona trabajaría por algo que va en contra de sus convicciones (que la Fraternidad San Pio X trabaje en la promoción del Concilio Vaticano II) contra un ejemplo donde la persona no tiene que hacerlo. Dicho error solo refleja que quien utiliza el argumento considera que es equivalente trabajar para el Estado que estar a favor de la ideología política del gobierno de turno. Lo cierto es que es falso: se puede perfectamente cumplir las labores como empleado público independientemente de la ideología política que se profese.

Objeción: La Iglesia también discrimina al no contratar para profesor de religión a divorciados vueltos a casar.

Esto hasta un niño lo entiende, y es que hay trabajos que exigen de la persona ciertas condiciones, que de no cumplirse la persona simplemente no se encuentra apta para desempeñarlo.

No sería conveniente por ejemplo que una divorciada vuelta a casar de clases de religión, porque estaría enseñando una cosa y con el ejemplo (que es la mejor forma de enseñar) estaría enseñando otra. Eso no quita que pueda desempeñarse en cualquier otro tipo de trabajos inclusive educativos, como profesora de matemáticas, biología, historia, etc. etc.

Pero aun así, y suponiendo sin conceder que eso sea discriminación, eso no haría menos discriminación lo que ocurre en Venezuela. Este tipo de objeciones pintorescas siempre me recuerda las respuestas de un diputado del gobierno en la Asamblea Nacional cuando le acusaban de corrupción, y solo atinaba a decirle a su acusador: “pero tú también".

Argumentaciones como estas no pueden calificarse menos que de mediocres, porque intentan justificar una falla con la falla del otro.

Punto 2: Incremento en el número de asesinatos

Otro de los muchos elementos que consideré negativos es el incremento alarmante del número de asesinatos durante el mandato del presidente Hugo Chávez. La cifra se ha cuadruplicado y pasamos de un total de 4.500 personas asesinadas anualmente (año 1998) a 19.133 (año 2009) y a más de 20.000 en el año 2011.

Objeción: No es causa de la mala gestión del gobierno porque en todo el mundo han aumentado los índices de criminalidad

El mismo lector literalmente argumentó que:

El incremento en los índices de delincuencia tales como robos, asesinatos, secuestro exprés, extorsiones telefónicas, narcotráfico, etc.; se presentan de forma generalizada en todo el mundo y no sólo en Venezuela

Respecto a este punto hay que afirmar enfáticamente que esto es falso y es fácil demostrarlo. Comencemos primero por los países de continente americano:

Colombia

Comencemos primero por uno de nuestros vecinos más cercanos: Colombia. Dicho país ha tenido históricamente una tasa de criminalidad sumamente alta. En el período 1987-1992 tenía una tasa de homicidios de 77,5 por cada 100 habitantes mientras Venezuela contaba con una cifra muy inferior que estaba en 16,4. Hoy día sin embargo Colombia lo ha llegado a bajar a 38,3 por cada 100.000 habitantes en el 2010 y siguió bajando a 35,9 el año pasado. Venezuela por su parte ya superó sobradamente a Colombia con una cifra de 67 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Brasil

En el año 2000 tenía una tasa de 26,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado ligeramente a 25,2.

Argentina

En el año 2003 tenía una tasa de 7,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado ligeramente a 5,5.

Uruguay

En el año 2003 tenía una tasa de 5,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado ligeramente a 5,8.

Bolivia

En el año 2003 tenía una tasa de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado la 10,6.

Paraguay

En el año 2003 tenía una tasa de 17,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado la 12,2.

Puerto Rico

En el año 2003 tenía una tasa de 20,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra se ha mantenido con un 20,4.

Guyana

En el año 2003 tenía una tasa de 27,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado a un 20,7.

Estados Unidos

Un caso particularmente llamativo, sobre todo porque el presidente de Venezuela ha achacado las causas del incremento de los homicidios “al capitalismo", pero no se explica de ser así como “el imperio” tenga una de las más bajas tasas de homicidios, y la ha ido bajando desde 5,6 por cada 100 habitantes en el 2003 hasta 5 por cada 100 habitantes en el presente.

Canadá

Se mantiene como uno de los países del continente americano con la más baja tasa de asesinatos, con la asombrosa cifra de 1.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Cuba

En el año 2003 tenía una tasa de 6,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifra ha bajado a un 5,5.

Ahora si ponemos nuestra mirada fuera del Continente, podemos encontrar también numerosos países cuya gestión ha mantenido sumamente bajas las tasas de homicidios. Resalta por ejemplo el caso de Nueva Zelanda, Islandia y Japón donde ocurre solo 1 homicidio por cada 100,000 habitantes. Está también Austria con 1,5 por cada 100.000, Suecia, Noruega, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, etc. etc.

A todo esto, quien argumenta solo responde que de ser así el Papa es un mal gobernante porque en el Vaticano hay un alto índice de robos a los museos vaticanos.

Punto 3: Ola de expropiaciones

Otro elemento que comenté como algo negativo es la ola de expropiaciones que cuyo aumento ha sido alarmante, y ha pasado de 200 empresas en el 2010 a 499 en el 2011. Adicionalmente a esto la gran mayoría no han sido indemnizados.

Objeción: Las expropiaciones de tierras se hacen sólo cuando éstas están ociosas. Y respecto a las empresas, estas expropiaciones se hacen cuando la empresa realiza actividades monopólicas descaradas que van en menoscabo del bien común de toda la nación.

Esto es una afirmación es falsa y gratuita. Es imposible afirmar de manera sensata que todas las empresas expropiadas mantengan dichas prácticas. Estamos hablando no solo de Bancos, Empresas de telefonía, Cementeras (que siempre tuvieron competencia) sino de importadoras, supermercados, carnicerías, estacionamientos.

Agrava la situación que muchos de las propiedades expropiadas pasan a estar ociosas. Un caso emblemático fue el de los estacionamientos expropiados. Vease:

De los 90 estacionamientos expropiados en Venezuela siguen baldíos - Informe21.com

Objeción: El gobierno no ha indemnizado a los dueños porque esto puede demorar años en disputas legales.

El argumento literalmente fue:

“En la expropiación de bienes surge un problema muy común, y que consiste en que el poseedor del bien exigirá una retribución económica muy superior a su valor y, por otro lado, el que hace la expropiación sólo querrá pagar por el valor real de ese bien. Si las partes en litigio se someten a los tribunales competentes no se podrá realizar el pago hasta que el tribunal dicte sentencia (y eso pude durar años”

El primer error de dicho argumento es caer de plano un juicio temerario considerando como una constante que el expropiado exigirá una retribución económica muy superior a su valor. Recuérdese que juicio temerario consiste en pensar mal del prójimo sin motivo suficiente, y es lo que hace de plano quien argumenta.

El segundo es considerar como algo moralmente aceptable que se expropie y perjudique al particular demorando la indemnización un tiempo indefinido que puede demorar años. Pero para evitar este tipo de injusticias es que las distintas constituciones contemplan que para que el Estado tome posesión del bien debe dar cumplimiento a favor del particular de una serie de garantías que incluye una justa indemnización previa. Esto se ve reflejado nítidamente en las Constituciones de los países latinoamericanos con sólidas democracias. En Colombia por ejemplo la Constitución dicta que “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa(Art. 58). En Costa Rica la Constitución dice lo mismo: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia” . (Art. 45). La Constitución Mexicana por su parte dice “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización(Art 27). En Perú: “nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.” . En nuestro país la Constitución dice lo siguiente: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.…” . (Art. 115).

Objeción: El Estado no ha indemnizado porque los particulares se niegan a recibir el pago.

“Es verdad que se tiene que indemnizar a los dueños de los bienes expropiados, pero el proceso de expropiación no se detiene sólo porque ellos se nieguen a recibir el pago.”

Este comentario solo puede venir de alguien que desconoce completamente la realidad venezolana. Por citar solo un ejemplo, en el caso de los estacionamientos expropiados, en el cual el gobierno tomó al menos 90 establecimientos, no solo ninguno ha recibido ni el documento que avalan la ocupación ni el pago por los terrenos, a pesar de que han intentado hablar con las autoridades pero como los propios dueños confiesan: “nos mandan de un lado para el otro sin tener certeza de lo que ocurre”.

En la sección de comentarios se tocaron otros temas de interés, pero me parece que fueron respondidos suficientemente bien en la sección de comentarios, por lo que quien desee puede remitirse a ellos.