CANTABRIA

Uno de cada cinco cántabros vive en riesgo de pobreza y exclusión social

Cantabria ofrece mejores números que la media nacional, pero ha crecido a un ritmo superior entre 2009 y 2010

31.01.12 - 00:54 -

 

El último estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) señala que 112.616 cántabros -uno de cada cinco- vivía en 2010 por debajo de los niveles mínimos de bienestar. A falta de procesar los datos correspondientes al año 2011, el indicador más fiable para entender cuál será la tendencia de riesgo de caída en la pobreza y la exclusión social es la variación entre 2009 y 2010, que en el caso de Cantabria alcanza el 2,6% -frente al 2,1% de la media nacional-.
El estudio analiza tres factores propuestos por la Unión Europea. El primero mide la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y contabiliza a las personas que viven en hogares con una renta que sea inferior al 60% de la renta media nacional. El segundo indicador, conocido como privación material severa, computa a los ciudadanos que viven en hogares donde no se pueden permitir al menos cuatro de los siguientes nueve gastos: el alquiler de una vivienda, calefacción, un desembolso imprevisto, una comida a base de carne al menos tres veces por semana, un coche, una lavadora, un televisor, un teléfono y unas vacaciones una semana al año. Por último, el estudio mide la intensidad de trabajo, que relaciona el número de personas con empleo en cada hogar y los individuos que están en edad de trabajar. Así, la Unión Europea considera persona en situación o riesgo de pobreza y exclusión social a quien vive con bajos ingresos, carece de las comodidades mínimas o vive en un hogar con una intensidad de empleo baja o nula. Todas esas personas forman parte de la población AROPE ('At risk of poverty and exclusion')
En lo que respecta a Cantabria, un 19,6% de sus habitantes forman parte de dicho conjunto. Se trata de una cifra que está por debajo de la media nacional (25,5%), pero supera a las de otras comunidades autónomas del norte de España, como Asturias (16,8%), País Vasco (15,6%) y Navarra (9,7%).
El análisis de EAPN también ofrece información individual sobre los tres factores propuestos por la Unión Europea para medir la población en riesgo de pobreza y exclusión social. La nota más positiva para los cántabros está en el índice de privación material severa, ya que el 98,9% pueden permitirse al menos cinco de los nueve gastos mínimos que marcan la franja de bienestar. Sólo Asturias, con un 99,2%, está por encima de Cantabria en este aspecto.
La cosa cambia cuando se contabilizan los ciudadanos que viven en hogares con baja intensidad de trabajo. En total, 35.089. Lo que significa el 6,10% de la población cántabra. En este indicador, hasta cinco autonomías -País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla y León- presentan mejores números.
Sin embargo, el golpe más duro para Cantabria llega al calcular, a partir de la renta, la población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Según este indicador, 98.865 cántabros viven en hogares que no llegan al 60% de la renta media nacional, lo que sitúa a Cantabria -con un 17,2% de su población en esa situación- por debajo de otras siete comunidades autónomas. El problema es que, si se mide la variación con respecto a 2009, el crecimiento del índice cántabro llega al 3,3% y sólo Canarias -con un 3,5%- presenta una evolución más desalentadora.

Reducir la pobreza

Una de las metas de la Estrategia Europa 2020 es reducir la pobreza en un 25% durante los próximos ocho años. Las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que las estrategias de reducción de la pobreza se tendrán que definir a nivel regional. Y así ocurre en la práctica, ya que según el estudio de EAPN 'Las cifras de la pobreza y la exclusión social en España' (2011), «las distintas realidades de cada comunidad o ciudad autónoma, y también las distintas estrategias que cada una pone en marcha muestran diferencias manifiestas».

El paso definitivo para entender la distancia entre unas regiones y otras lo dieron los autores de 'El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en Madrid'. La clave fue calcular el umbral de pobreza a partir de la renta media de la propia comunidad autónoma en lugar de utilizar la media nacional. La conclusión es que «algunos territorios generan altos niveles de bienestar, pero distribuido con una alta desigualdad, y otros tienen rentas más bajas, pero distribuidas de manera más uniforme».
Esa diferencia la marcan las políticas sociales de las administraciones públicas. «Una de las causas que explican su ineficacia a la hora de disminuir la pobreza es que España ocupa uno de los puestos más bajos de Europa en gasto público», explica el informe de EAPN. «Lo que lleva a preguntarse por las repercusiones que tendrán las medidas que se están tomando para paliar los efectos de la crisis económica». Es decir, la reducción del gasto público.
El estudio reconoce que «el aumento de más de un millón de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía». Sin embargo, deja claro que los datos previos a la crisis son «una prueba fiel de que el crecimiento económico por sí mismo no disminuye los niveles de pobreza».
Los autores del informe subrayan «la urgente necesidad de reformular las medidas de protección a la ciudadanía». Y apuestan por elaborar «un Pacto de Estado de Inclusión que coordine la acción de las distintas administraciones públicas y demás actores sociales, que tenga como objetivo fundamental construir un modelo de desarrollo inclusivo e igualitario». En otras palabras, que los niveles de renta incidan de forma efectiva sobre la reducción de los índices de pobreza.