Camino niega ahora que Rouco dijese que la norma “no es una ley de eutanasia”

Los obispos instan a no obedecer la futura ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida

“Hay conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal”

Jesús Bastante, 27 de junio de 2011 a las 13:00

(Jesús Bastante).- La futura ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida "deja las puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas", según la declaración de la Comisión Permanente aprobada el pasado miércoles y presentada este mediodía por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. "Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas", afirma el texto.

En el mismo, se denuncia que esta normativa "no tutela bien el derecho fundamental de libertad religiosa". Para los obispos, "el proyecto en su conjunto, de ser aprobado, conduciría a una situación en la que los derechos de la persona en el campo del que se trata estarían peor tutelados que con la legislación actual".

Pese a que hace un mes el cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, aseguraba que, tras consultar con expertos de la CEE, ésta "no es una ley de eutanasia", Camino negó la mayor, insistiendo en que Rouco no había dicho exactamente eso, pero echó marcha atrás al señalar que los obispos tampoco decían que se tratase de una ley de eutanasia, sino que "abre la puerta a conductas eutanásicas".

Para los obispos, "la legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la legitimación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados (...) conduciría a verdaderos homicidios (...) e introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y la mercantilización de la vida humana".

Estas palabras no ponen "en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social", afirma el texto, que subraya que "sencillamente, las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana".

Entrando de lleno en el estudio del anteproyecto de ley, los obispos reconocen que tiene "una intención laudable: proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia".

"Hay conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal", sostiene la nota, que ejemplifica el abandono terapéutico, la sedación inadecuada o el "debido cuidado" como la alimentación o la hidratación. "Permanece una ambigüedad de consecuencias morales y jurídicas graves al no definir en qué consisten esas medidas de soporte vital, que pueden ser apropiadas o no serlo", añade el texto, que denuncia que a los profesionales de la medicina "ni siquiera les es reconocido el derecho a la libertad de conciencia".

En cuanto al derecho a la libertad religiosa, se describe cómo "es maltratado", al ser "reducido a la mera tolerancia de la práctica religiosa, sometida además de modo absoluto a condicionamientos jurídicos indeterminados y en manos de terceros" (la compatibilidad con el "conjunto de medidas sanitarias")

"Es una ley que hay que leer despacio, La intención laudable de la ley es no modificar la legalidad vigente, pero si se mira la ley sí que se abren la puertas a práctica eutanásicas", explicó Camino en el turno de preguntas. El portavoz episcopal insistió en que "el derecho a la vida de las personas enfermas es una realidad muy sensible para la sociedad.", por lo que "no debería haber prisa para regular un asunto de tanta trascendencia". Camino mostró su confianza en que "haciendo pública ahora nuestra valoración, deseamos contribuir al necesario y pausado debate público sobre una cuestión de tanta relevancia", para ayudar a todos los ciudadanos "a crearse un juicio ponderado".

"No tiene por qué ser recibida como un ataque por nadie", añadió el portavoz, aludiendo al Gobierno y a las buenas relaciones que, hasta la fecha (y con la mirada puesta en la JMJ) mantenían Iglesia y Ejecutivo. "Entre el anteproyecto y el proyecto ha habido cambios, que lo han mejorado", reconoció el obispo auxiliar de Madrid. Pero se trata de "mejoras insuficientes".

Finalmente, Camino afirmó que "no me consta" que exista un procedimiento desde la Conferencia Episcopal para frenar la publicación del último libro de Pagola sobre los Evangelios de Marcos. "A mí no me consta. Sé que esta casa tiene unas competencias muy limitadas respecto de la concesión de nihil obstat o el imprimatur. A la Conferencia Episcopal sólo le corresponde eso para los textos de la Sagrada Escritura. Otra cosa es que un obispo pida a un organismo técnico, no sé si se ha producido. A mí no me consta". Sin embargo, como publica hoy el Diario Vasco, dicho informe, de 15 páginas, ha sido escrito, y enviado, y la publicación del volumen paralizada.