19.04.11

 

El Tribunal Constitucional acaba de sentenciar que la Iglesia no tiene derecho a no renovar el contrato de una profesora de religión si la causa es que se haya casado con un divorciado. Según el TC, el hecho de que un profesor de religión católica viva públicamente en pecado “no afecta a sus conocimientos dogmáticos o a sus actitudes pedagógicas“. Es decir, si alguien vive en adulterio pero a sus alumnos les enseña que el adulterio es pecado, no hay mayor problema. Eso es, más o menos, lo que viene a decir el tribunal.

La doctrina católica sobre la situación de aquellos cristianos que se divorcian y se vuelven a casar nace de las palabras de Cristo. Nuestro Señor fue claro. Quien hace tal cosa es un adúltero. Y si Cristo llama adúlteros a esos cristianos, la Iglesia no puede hacer otra cosa que confirmar las palabras del Maestro. Podrá gustar más o menos, podrá ser políticamente incorrecto en un mundo donde el adulterio es presentado como el pan nuestro de cada día, pero los evangelios dicen lo que dicen y a ellos nos debemos.

Ahora bien, independientemente de lo que dictamine un tribunal, es evidente que hoy hay una problema grave de credibilidad en la autoridad moral de la Iglesia. Efectivamente, en estos momentos existe una autoridad eclesial que se dedica a permitir que los heterodoxos campen a sus anchas, que admite que haya sacerdotes, como Masiá, que agreden a la memoria de Papas santos, que a un cura que paga abortos y bendice uniones homosexuales le agradece su labor social y le da una palmadita en la espalda diciéndole: “querido, a ver si haces las cosas conforme a la doctrina católica".

Cuando la autoridad deja de ejercerse, o se ejerce de forma aleatoria y caprichosa, acaba por perder su razón de ser. Porque a ver si alguien es capaz de responderme a esta pregunta: ¿en qué sentido puede la Iglesia pretender que no sea profesor de religión quien vive casado con un divorciado si al mismo tiempo admite que sea sacerdote un tipo que paga abortos?

Vamos a poner las cartas encima de la mesa. O se produce una REFORMA RADICAL en la Iglesia y la totalidad de los pastores -fortalecidos por las oraciones de los fieles- se comparten como tales, o vamos derechos al desastre.

Por supuesto, soy de la opinión de que, diga lo que diga un tribunal, la Iglesia tiene derecho a decir que no puede ser profesor de religión católica quien vive en pecado. Pero también creo que tiene el deber de apartar del sacerdocio a los indignos. Y no lo hace.

Tengo muy claro que, en materia de doctrina y de moral, los fieles han de obedecer a sus pastores aunque vean que otros no obedecen y no les pasa nada. Es decir, no hay excusa para no obedecer basándose en que la Madre y Maestra, por obra y gracia de una acción pastoral desastrosa, se ha vuelto pusilánime ante el error. Al fin y al cabo, obedecer a la Iglesia es obedecer al Señor que la guía. Y es a Él a quien debemos pedir, rogar e implorar que impulse la reforma de aquella que fundó sobre Pedro y su confesión de fe.

Luis Fernando Pérez Bustamante